12 de enero de 2016
historiapolitica.bcn.cl | Corte Suprema de Chile
Tres grandes cadenas de supermercados en esta nación austral fueron acusadas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de formar un cartel para controlar precio al detal de la carne de pollo.
La FNE chilena presentó en la segunda semana de enero de 2016 una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra las tres mayores cadenas de supermercados de ese país: Walmart (con sus marcas Lider, Ekono y aCuenta), Cencosud (Jumbo y Santa Isabel) y SMU (matriz de Unimarc), acusándolas de haber participado en un acuerdo para fijar, a través de sus proveedores, un precio mínimo de venta de la carne de pollo fresco, al menos entre 2008 y 2011, restringiendo la competencia en este mercado.
Así lo informó el periódico Financiero, medio que basándose en la acusación presentada por la FNE aseguró que “el objetivo de este cartel fue regularizar el mercado y evitar una guerra de precios, por lo que pidió el máximo de multa permitido por la ley para casos de colusión, consistentes en 30,000 UTA (Unidad Tributaria Anual), lo cual equivaldría a US$ 23 millones por cada empresa involucrada.
Este nuevo caso de colusión del pollo en Chile es consecuencia de la investigación realizada por la misma FNE dentro del denominado Caso Pollos, el cual fue fallado en última instancia en octubre pasado por la Corte Suprema. A raíz de dicho episodio, se multó con un total de US$ 60 millones a las tres mayores productoras chilenas de carne de pollo: Agrosuper, Ariztía y Don Pollo. En diciembre de 2011, autoridades allanaron las dependencias de las cadenas Walmart, Cencosud, SMU y Tottus.
La demanda final excluyó a los supermercados Tottus, de la cadena Falabella. En el documento de la acusación, la FNE deja entrever que además de fijar el precio del pollo al consumidor final, el cartel conformado por estas cadenas minoristas “podría representar casos de colusión en otros productos de primera necesidad. El objetivo de estas gestiones era que los proveedores actuaran como intermediarios (en especial Agrosuper y Ariztía), alertando a la otra cadena sobre el incumplimiento para que se ajustara a las directrices acordadas. Para que el acuerdo funcionara, las cadenas monitorearon constantemente los precios de su competencia”.