El sector de postura español está adaptando el alojamiento de sus aves a las futuras nuevas normas de la Unión Europea, afrontando los retos impuestos.
El sector productor de huevos español se concentra en 1,374 granjas comerciales registradas en 2010, con 44 millones de ponedoras, según datos del Ministerio de medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España, MARM. La facturación en 2009 ascendió a 1,070 millones de euros, 8% más que en 2008, por lo que el porcentaje de la producción de huevos en la producción final ganadera es de 8%, y de 2.8% en la producción final agraria. Además contribuye positivamente a la balanza comercial española, ya que es un exportador neto, fundamentalmente al mercado intracomunitario, y genera riqueza en el medio rural, donde tiene una masa laboral de 12,000 trabajadores.
Para este año 2011, los productores están abordando los cambios para adaptar las granjas a la normas de Unidad Europea, UE, que establece las normas mínimas de alojamiento de ponedoras. No es fácil afrontar las inversiones en una situación económica difícil para obtener créditos y con pocas ayudas para el cambio informa el sector de postura español. Por lo tanto este año es decisivo para las granjas de postura en la próxima década. La Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos de España, INPROVO, trabaja contra el tiempo en conjunto con las entidades gubernamentales españolas para que no se pierda la oportunidad de apoyar a un sector competitivo, moderno y que ha demostrado su profesionalidad y capacidad de afrontar con solvencia los retos impuestos por el Modelo Europeo de Producción.
Los productores españoles son mayoritariamente empresas pequeñas y medianas de capital español. Uno de los efectos inmediatos de la aplicación de la Directiva que se observa en los últimos meses es la concentración del sector en menos granjas de mayor tamaño, y que desaparezcan numerosas empresas, pequeñas por lo general, que no se podrán adaptar. Esto implica una pérdida irreparable de la red productiva y mayor desempleo en zonas que tienen dificultades para fijar población y crear puestos de trabajo.
Los cambios normativos que afectan al sector se enmarcan en la política de la Unión Europea sobre el Modelo Europeo de Producción, que propugna la sostenibilidad y la competitividad de la producción agroalimentaria, además de la mejora del bienestar animal. En el caso de las ponedoras, los sobrecostos derivados de aplicar este modelo ascienden entre 25% y 30%, la mayor parte por la aplicación de la Directiva 74/1999. Esto coloca al sector comunitario en una situación complicada para competir en el mercado mundial del huevo y ovoproductos, en el que es un agente de primer orden. Los productores prevén el aumento de la importación de huevos y ovoproductos de países terceros para los que no se exige aplicar la reciprocidad en las normas de bienestar y sanidad animal, medio ambiente o comercialización comunitarias.